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9 De November De 2026
Cinco personas vinculadas a la campaña de Sinergia Animal hacia Ramo enfrentan acciones judiciales promovidas por la compañía colombiana después de una investigación que cuestionó las condiciones de vida de las gallinas en una de sus granjas proveedoras.
En Estados Unidos existe un término para describir una práctica cada vez más cuestionada en diferentes partes del mundo: SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), que puede traducirse como litigio estratégico contra la participación pública.
Se refiere al uso de acciones judiciales para intimidar, desgastar económicamente o silenciar a periodistas, activistas, organizaciones y ciudadanos que denuncian situaciones de interés público o cuestionan el poder de empresas e instituciones.
Más allá de las intenciones de quienes presentan estas acciones, uno de los riesgos asociados a los SLAPP es su efecto disuasorio: que el temor a enfrentar procesos judiciales termine limitando la investigación, la denuncia y la participación en debates de interés público.
Una investigación sobre el sufrimiento animal que se trasladó al escenario judicial
La controversia comenzó cuando Sinergia Animal hizo pública una investigación sobre las condiciones de las gallinas ponedoras en una granja proveedora de Ramo, ubicada en Cachipay, Cundinamarca.
Los registros recopilados por la organización documentaban gallinas confinadas en jaulas en batería, animales con lesiones, enfermedades y aves muertas. La investigación cuestionaba las condiciones de vida de estos animales y la responsabilidad de las empresas que utilizan huevos provenientes de sistemas de producción que restringen severamente sus comportamientos naturales.
La organización exigió a Ramo un compromiso público para eliminar progresivamente las jaulas en batería de su cadena de suministro. La respuesta de la compañía fue llevar el conflicto al terreno judicial.
Primero interpuso una acción de tutela relacionada con las actuaciones de Sinergia Animal en el marco de la campaña. Posteriormente, en noviembre de 2026, acudió a la Fiscalía General de la Nación con una denuncia penal contra cinco personas vinculadas a la campaña: dos integrantes del equipo de Sinergia Animal, un activista y dos influencers.
La compañía solicitó investigar a cuatro de ellas por los presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada, y a una quinta por presunto constreñimiento ilegal.
La empresa sostiene que las publicaciones y comunicaciones de la campaña afectaron su buen nombre y reputación comercial. También ha defendido las condiciones sanitarias y de bienestar animal de su proveedor, respaldándose en certificaciones e inspecciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Sin embargo, cumplir determinados requisitos sanitarios o normativos no resuelve el debate ético alrededor del bienestar de los animales ni elimina la posibilidad de cuestionar públicamente los sistemas de producción.
El efecto intimidatorio de las acciones judiciales
La segunda audiencia de conciliación ante la Fiscalía, realizada el 3 de noviembre, terminó sin acuerdo.
Mientras los procesos avanzan, cinco personas deben enfrentar las consecuencias de una denuncia penal relacionada con su participación en una campaña de defensa animal. Esto implica costos legales, desgaste personal y profesional y una presión que puede extenderse mucho más allá de quienes están directamente involucrados.
Es precisamente uno de los riesgos asociados a los SLAPP: incluso cuando una acción judicial no termina en una condena, el proceso puede convertirse en un mecanismo de intimidación y generar un efecto disuasorio sobre otras voces críticas.
No se trata de afirmar que toda acción judicial presentada por una empresa contra una organización constituye automáticamente un SLAPP. Las compañías también tienen derecho a proteger su reputación y acudir a la justicia cuando consideran vulnerados sus derechos. La cuestión es examinar si estas acciones son proporcionales y si terminan restringiendo injustificadamente la participación en debates de interés público.
El costo de denunciar
Sinergia Animal ha manifestado que defenderá a las personas involucradas y que continuará trabajando por mejores condiciones para los animales utilizados en la industria alimentaria. Su defensa sostiene que las investigaciones y afirmaciones de sus representados tienen sustento y que presentará las pruebas correspondientes ante las autoridades.
El caso Ramo debería llamar la atención de periodistas, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y movimientos por la protección animal.
La defensa de los animales necesita organizaciones, periodistas y ciudadanos capaces de investigar, informar y cuestionar. Si el precio de hacerlo es enfrentar procesos judiciales que pueden desgastar a quienes denuncian, el debate sobre el bienestar animal también se convierte en un debate sobre las garantías para ejercer la libertad de expresión.
