
Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales y ciudadanos rechazan decisión gubernamental de asesinar 80 hipopótamos.

112 organizaciones nacionales e internacionales y ciudadanía en general, rechazan la CIRCULAR 084616 del 13 de abril de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, sobre Lineamientos y metas para el manejo y control del hipopótamo común (Hippopotamus amphibius), para la reducción de la población presente en el territorio nacional y exigen al Gobierno Nacional suspender de manera inmediata cualquier autorización de exterminio de animales.
Por medio de un pronunciamiento público las organizaciones exponen consideraciones éticas, técnicas y jurídicas que sustentan la necesidad de adoptar alternativas como la esterilización, la translocación y otras medidas no letales, en lugar del asesinato de los animales.
Las organizaciones alertan que la decisión de avanzar hacia el sacrificio de al menos 80 hipopótamos no solo genera un fuerte cuestionamiento ético, sino que también abre un debate científico y jurídico sobre la gestión de especies introducidas en el país.
“El exterminio no puede ser la respuesta por defecto ante un problema que el mismo Estado ha permitido escalar durante años. Existen alternativas viables, éticas y respaldadas por evidencia científica que deben ser priorizadas”, señalaron voceros de la coalición.
El pronunciamiento colectivo expone que medidas como la esterilización, la translocación y otras estrategias no letales han sido recomendadas por expertos y organizaciones internacionales como mecanismos más coherentes con los principios de protección animal y sostenibilidad ambiental.
Además, advierte que avanzar con el sacrificio podría generar cuestionamientos legales y afectar la imagen internacional de Colombia en materia de protección, bienestar animal y conservación.
“El asesinato de animales como medida de control poblacional no solo desconoce la obligación estatal de aplicar métodos éticos, científicos y proporcionales, sino que además establece un precedente regresivo en materia de política ambiental y protección animal, al normalizar la violencia como herramienta de gestión de la biodiversidad”, añadieron.
Y afirman que esta práctica resulta contraria al marco constitucional y legal vigente, particularmente al principio de protección y bienestar animal, reconocido en la Ley 1774 de 2016, que modificó el Código Civil y el Código Penal para establecer que los animales son seres sintientes y, por tanto, sujetos a especial protección contra el sufrimiento, el dolor y la muerte innecesaria.
Las organizaciones advierten igualmente que la eliminación letal de hipopótamos no resuelve estructuralmente el problema ecológico y puede generar impactos negativos en los ecosistemas intervenidos, desconociendo el principio de precaución ambiental, consagrado en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 y desarrollado por la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional de Colombia, particularmente en las Sentencias C-293 de 2002, T-622 de 2016 y C-449 de 2015, las cuales establecen que, ante la existencia de riesgo ambiental o científico incierto, las autoridades deben optar por las medidas más protectoras de la naturaleza y la vida.
Asimismo, explican que la adopción de medidas de exterminio sin agotar alternativas no letales, vulnera los principios de proporcionalidad, razonabilidad y solidaridad con los animales, y puede constituir una actuación contraria al deber constitucional de protección de la diversidad e integridad del ambiente, previsto en los artículos 8, 79 y 95 de la Constitución Política. En consecuencia, cualquier Política Pública orientada al control de fauna, debe fundamentarse en criterios técnicos, éticos y jurídicos que privilegien el respeto, la protección y bienestar animal, la conservación ética sin distingos de especie y la sostenibilidad ecológica, evitando decisiones irreversibles que comprometan la responsabilidad ambiental y con los animales del Estado y de la sociedad.
Las organizaciones firmantes solicitaron al Gobierno Nacional suspender de manera inmediata cualquier autorización de exterminio y convocar una mesa de trabajo con expertos, autoridades y representantes del movimiento animalista para evaluar soluciones integrales.
Sobre la coalición
El pronunciamiento es respaldado por más de 100 organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la protección animal y la convivencia multi e interespecie, junto con ciudadanía comprometida con el respeto por la vida.




